La decisión del presidente Gustavo Petro de reanudar los bombardeos contra las disidencias de las FARC marca un giro significativo en su estrategia de seguridad, particularmente en el contexto de su promesa de acabar con los ataques aéreos que han causado bajas civiles, incluidos menores de edad. La orden se produce tras un ataque con drones perpetrado por el Estado Mayor Central (EMC) en el Cauca, lo que desencadenó una ofensiva militar que incluye el uso de unidades especiales y artillería pesada para recuperar el control de áreas estratégicas.

Este cambio en la política de Petro evidencia una tensión entre sus ideales de paz y las realidades del conflicto armado colombiano, donde grupos como el EMC, liderados por facciones que se niegan a negociar, siguen desafiando al Estado. Desde el inicio de su mandato en 2022, Petro había suspendido los bombardeos precisamente para evitar el impacto negativo sobre las comunidades vulnerables y la muerte de niños reclutados por estos grupos armados. Sin embargo, la necesidad de responder con contundencia a las acciones del EMC, que buscan mantener el control de rutas clave del narcotráfico en zonas como El Plateado, ha obligado a un replanteamiento de la estrategia militar.

La Operación Perseo, lanzada en El Plateado, no solo busca neutralizar a los disidentes sino también enviar un mensaje contundente: el uso de la violencia por parte de los grupos ilegales tendrá respuestas contundentes. Esta situación plantea interrogantes sobre la viabilidad del proceso de paz en Colombia. La disidencia de Iván Mordisco, que se mantiene firme en su negativa a negociar, representa una amenaza no solo para la seguridad nacional sino también para las iniciativas de reconciliación que Petro ha intentado impulsar.

La persistencia del conflicto armado en Colombia, con su compleja red de intereses económicos, territoriales y políticos, sigue siendo un obstáculo mayor para el avance hacia una paz duradera. La necesidad de responder militarmente a las agresiones del EMC no puede ocultar el hecho de que estas operaciones, a menudo, terminan afectando a las mismas comunidades que el gobierno busca proteger. La presencia militar masiva en zonas rurales ha sido históricamente una fuente de tensión y sufrimiento para la población civil, que queda atrapada entre el fuego cruzado de los actores en conflicto.

Además, la presión para retomar los bombardeos refleja las dificultades que enfrenta el gobierno en la implementación de una política de «paz total». La resistencia de algunos grupos a abandonar las armas y el control territorial, especialmente en áreas estratégicas para el narcotráfico, demuestra que el conflicto en Colombia sigue evolucionando y adaptándose a las circunstancias, lo que obliga al Estado a revisar constantemente sus tácticas de confrontación y negociación.

Petro ha enfatizado que estos bombardeos se realizan bajo el principio de proporcionalidad y como respuesta a la agresión directa del EMC. Sin embargo, este retorno a una estrategia más agresiva deja preguntas abiertas sobre el impacto a largo plazo en los esfuerzos de pacificación, y si la lógica de la «paz armada» realmente contribuirá a una solución estructural del conflicto o si solo será una medida paliativa que perpetúe el ciclo de violencia. La historia reciente sugiere que las victorias militares, aunque necesarias en ocasiones, no sustituyen la necesidad de un diálogo genuino y de reformas profundas que aborden las causas subyacentes del conflicto, como la desigualdad, la marginalización rural y la economía del narcotráfico.

El reto del gobierno de Petro será demostrar que este endurecimiento en la respuesta militar no es un retorno al enfoque de «seguridad democrática» de administraciones pasadas, sino una medida temporal en la ruta hacia la «paz total» que ha prometido. La eficacia de esta nueva fase dependerá de su capacidad para equilibrar la fuerza militar con iniciativas de diálogo y reconstrucción social que logren atraer a los grupos armados hacia una verdadera reincorporación a la vida civil.