Jorge Rodríguez, figura clave del oficialismo, calificó la legislación electoral venezolana como “tímida” y abogó por una reforma “profunda.” Aunque bajo el pretexto de robustecer el sistema democrático, esta propuesta plantea serios cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones detrás de tales cambios. En un régimen que ha consolidado el poder a través de la manipulación institucional, la reforma parece ser otro intento de asegurar que las elecciones continúen siendo un proceso dominado por el oficialismo. En un sistema electoral donde el control del Estado es casi total, cualquier cambio bajo estas circunstancias no es más que una fachada que busca fortalecer la narrativa de “legalidad” y “transparencia” en los ojos de la comunidad internacional, mientras a nivel interno perpetúa un ambiente de represión y falta de competitividad electoral genuina.