La situación en Maracaibo revela una estrategia de control político por parte del régimen de Maduro, que busca consolidar su dominio en instituciones clave mediante la imposición de figuras alineadas con el PSUV. La intención de designar a Jessy Gascón como alcaldesa interina, en un contexto de intimidación y coacción por parte del SEBIN, evidencia una agenda de intervención que va más allá de los procesos democráticos formales. Con ello, el PSUV busca eliminar cualquier vestigio de autonomía local en Maracaibo, forzando a la oposición a operar en un entorno de vigilancia y represión.

La situación en Maracaibo revela una estrategia de control político por parte del régimen de Maduro, que busca consolidar su dominio en instituciones clave mediante la imposición de figuras alineadas con el PSUV. La intención de designar a Jessy Gascón como alcaldesa interina, en un contexto de intimidación y coacción por parte del SEBIN, evidencia una agenda de intervención que va más allá de los procesos democráticos formales. Con ello, el PSUV busca eliminar cualquier vestigio de autonomía local en Maracaibo, forzando a la oposición a operar en un entorno de vigilancia y represión.

La detención del alcalde Rafael Ramírez y el intento de bloquear a los concejales de oposición para impedirles participar en la sesión del Concejo Municipal no son casos aislados. Son parte de un patrón mayor en el que el régimen usa las instituciones de seguridad para reprimir voces disidentes y asegurar la continuidad de sus intereses políticos. La elección de Gascón, si se confirma, sería un claro ejemplo de cómo se vulneran las dinámicas de gobernabilidad local en Venezuela, eliminando cualquier espacio de poder que no se alinee directamente con las directrices de Caracas.

Esta situación apunta a un debilitamiento profundo de las estructuras democráticas locales, una maniobra calculada para centralizar el poder en el núcleo del PSUV y fortalecer su control sobre los pocos espacios de disidencia que aún persisten. En un país donde las detenciones y el hostigamiento de figuras políticas opositoras se han vuelto parte de la normalidad, el caso de Maracaibo es una señal más de la fragilidad de las estructuras democráticas y del avance hacia un régimen que no tolera la disidencia ni la autonomía en ninguna de sus formas.

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