El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha incumplido con una de sus obligaciones legales fundamentales, al no publicar la totalidad de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en la Gaceta Electoral dentro del plazo establecido por la ley. Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el CNE está obligado a publicar los resultados en un máximo de 30 días después de la proclamación de los candidatos electos. Este plazo venció el 28 de agosto sin que los resultados hayan sido debidamente publicados, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso.

El incumplimiento de esta obligación no es un simple error administrativo; es un reflejo de la creciente crisis de legitimidad que enfrenta el sistema electoral venezolano. La publicación de los resultados disgregados en la Gaceta Electoral es un paso crucial para garantizar la transparencia y la confianza en los procesos electorales. Sin embargo, el CNE no solo ha fallado en cumplir con este requisito, sino que también ha ignorado la necesidad de totalizar los resultados en las 48 horas posteriores a los comicios, como lo exige la misma ley.

Este incumplimiento se suma a una serie de irregularidades que han marcado las elecciones presidenciales de 2024, las cuales han sido fuertemente cuestionadas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones como el Centro Carter han señalado que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral, lo que socava aún más la credibilidad del proceso y del propio CNE.

Además, la falta de transparencia y la manipulación de los tiempos legales por parte del CNE podrían estar vinculadas a intentos de ocultar inconsistencias o fraudes electorales. La negativa a publicar los resultados completos y desglosados alimenta las sospechas de que el organismo electoral está operando bajo directrices que priorizan la supervivencia del régimen actual sobre la voluntad real del pueblo venezolano.

En resumen, el 29 de agosto marca una fecha clave en la crisis política y electoral de Venezuela. El CNE, al no cumplir con la ley y mantener en la oscuridad los resultados de las elecciones, ha contribuido a profundizar la desconfianza en el sistema electoral del país, reforzando la percepción de que las instituciones venezolanas están al servicio de un proyecto político específico, y no de la democracia y el estado de derecho.