El reciente proceso electoral en Venezuela, celebrado el 28 de julio de 2024, ha estado rodeado de controversias y cuestionamientos, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la legalidad de los procedimientos seguidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Una de las críticas más contundentes proviene del Centro Carter, cuya directora ha alertado sobre una grave irregularidad: los resultados presentados por el CNE el 29 de julio no incluían los datos completos de las mesas electorales.

Según la directora del Centro Carter, el hecho de que el CNE haya publicado resultados sin contar con todos los datos de las mesas electorales constituye una violación directa de los principios básicos de integridad electoral. Esta situación es especialmente preocupante dado que la misión técnica del Centro Carter, invitada por el propio CNE para observar el proceso, esperaba que se cumplieran los estándares mínimos de transparencia, lo cual claramente no ocurrió.

El Centro Carter ha insistido en que la publicación de resultados electorales debe incluir un desglose completo por mesa para garantizar que el proceso sea verificable y auditable. Sin embargo, el CNE procedió a anunciar los resultados generales antes de tener todos los datos disponibles, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de los resultados proclamados y alimenta las sospechas de manipulación electoral.

Este incumplimiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de irregularidades en el proceso electoral venezolano. Desde la suspensión de auditorías post-electorales hasta la falta de publicación de los resultados en la Gaceta Electoral dentro del plazo establecido por la ley, el CNE ha demostrado una alarmante falta de compromiso con la transparencia y la legalidad.

El análisis de esta situación sugiere que el CNE podría estar actuando bajo presión para legitimar resultados previamente decididos, en lugar de reflejar fielmente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional, representada por observadores como el Centro Carter, ha señalado que estos actos socavan la credibilidad del proceso electoral y, en última instancia, la legitimidad del gobierno que surge de él.

En conclusión, la alerta emitida por la directora del Centro Carter pone en evidencia las serias fallas en el proceso electoral venezolano y resalta la necesidad de una supervisión internacional más estricta para garantizar que las elecciones en Venezuela cumplan con los estándares democráticos básicos. La comunidad internacional y los actores nacionales deben tomar en cuenta estas observaciones para exigir un proceso electoral verdaderamente transparente y justo.