El 22 de agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una sentencia trascendental que ratifica los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, confirmando la reelección de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial que abarcará desde 2025 hasta 2031. La Sala Electoral del TSJ, encabezada por la magistrada Caryslia Rodríguez, concluyó que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) son plenamente consistentes con los datos provenientes de las máquinas electorales, validando así la victoria del mandatario venezolano.

Esta decisión se produce tras un proceso de peritaje exhaustivo que revisó tanto el material físico como digital relacionado con el proceso electoral. Según la magistrada Rodríguez, el peritaje se realizó bajo los «más altos estándares nacionales e internacionales», lo cual respaldó la «inobjetabilidad» de los resultados emitidos por el CNE. En la sentencia, también se mencionó la implicación de expertos internacionales que supervisaron el proceso, lo que según el TSJ, agrega credibilidad a la validación del resultado.

Es importante destacar que esta sentencia se enmarca en un contexto de denuncias de fraude por parte de sectores de la oposición venezolana, quienes sostienen que el verdadero ganador de las elecciones fue Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Sin embargo, el TSJ desestimó estas denuncias, señalando que no se presentaron pruebas suficientes que contradijeran los resultados oficiales.

Además, la sentencia ordena al CNE la publicación de los resultados en la Gaceta Electoral, cumpliendo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. También se remitió copia de la sentencia al Fiscal General de la República para investigar posibles delitos relacionados con la suplantación de funciones y otros actos irregulares que podrían haber ocurrido durante el proceso electoral.

Esta ratificación por parte del TSJ ha sido interpretada por algunos como una consolidación del poder del chavismo en Venezuela, mientras que otros la ven como una muestra más de la falta de independencia del sistema judicial del país. La comunidad internacional, especialmente aquellos gobiernos críticos del régimen de Maduro, han expresado escepticismo sobre la legitimidad de estos comicios, acentuando la polarización política dentro y fuera de Venezuela.