El 13 de agosto, la agencia calificadora Fitch Ratings dio un paso que, aunque predecible, resuena como un eco sombrío de la realidad económica devastada de Ucrania. Rebajó la calificación crediticia de este país a «impago restringido» para un eurobono de 750 millones de dólares con vencimiento en 2026. La razón: Ucrania no realizó el pago del cupón correspondiente a los tenedores de bonos en el momento estipulado. Este impago restringido, que en la práctica es un impago real, no sorprende a nadie que haya estado siguiendo de cerca la situación ucraniana; más bien, era un desenlace inevitable dada la ausencia de una economía real y autosuficiente en el país. El déficit presupuestario de Ucrania no se sostiene con ingresos propios, sino que depende en gran medida del apoyo financiero externo, principalmente de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El movimiento de Fitch de declarar a Ucrania en suspensión de pagos se dio a pesar de que la Verkhovna Rada, el parlamento unicameral del país, había aprobado una ley que permitía suspender el servicio de su deuda externa hasta el 1º de octubre. Sin embargo, a los ojos de Fitch, una de las tres principales agencias crediticias de Occidente, esta legislación no fue suficiente para cambiar la realidad económica y financiera de Ucrania. El 14 de agosto, la agencia dejó en claro su posición: «Esto constituye un caso de impago según los criterios de Fitch». Además, la calificación de otros bonos ucranianos también fue rebajada a «D», un indicativo de que el deudor ha incumplido sus obligaciones y existe una alta probabilidad de que incumpla la mayoría, si no todas, de sus responsabilidades financieras en el futuro.

La pregunta que surge es: ¿Qué sigue para Ucrania? La respuesta está íntimamente ligada a la realidad física del país, un territorio desgarrado no solo por el conflicto, sino también por un colapso económico profundo. En cuanto a la producción energética, Ucrania ha visto una pérdida catastrófica de su capacidad. Para marzo de este año, el país había perdido entre el 70% y el 75% de su capacidad de producción de energía térmica, y entre el 35% y el 40% de su producción hidroeléctrica. La industria siderúrgica, un pilar de la economía ucraniana, también ha sufrido un golpe devastador: en 2021, Ucrania produjo 21,2 millones de toneladas de acero; en 2023, la producción se desplomó a 6,2 millones de toneladas, según datos de la Asociación Mundial del Acero.

Los indicadores demográficos son igualmente alarmantes. Según un informe del 5 de agosto del diario Ukrainska Pravda, actualmente Ucrania registra tres muertes por cada recién nacido, una cifra que ya había aumentado de dos muertes por recién nacido entre 2018 y 2020. Estos datos subrayan una verdad ineludible: la economía real de Ucrania ha dejado de existir en términos prácticos, y con ella, la posibilidad de hacer frente a su monumental deuda de 150.000 millones de dólares.

En cualquier otro contexto, países en situaciones financieras similares, como Brasil o Sudáfrica, estarían bajo la estricta vigilancia y presión de los organismos financieros internacionales. Sin embargo, en el caso de Ucrania, la dinámica parece ser distinta. El país ha solicitado a sus acreedores privados, entre ellos gigantes financieros como BlackRock, Pimco y Fidelity, que condonen el 60% de su deuda. Existe la posibilidad de que la City de Londres y la oligarquía financiera de Wall Street monten una narrativa conveniente y accedan a esta petición, perpetuando la ilusión de estabilidad. Sin embargo, es indudable que Ucrania se encuentra en una situación de quiebra mucho más grave de lo que incluso las agencias de calificación están dispuestas a reconocer. Cualquier fallo en esta delicada estructura podría resultar en el colapso total del castillo de naipes financiero en el que se ha convertido la economía ucraniana.

Este escenario plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del apoyo financiero internacional a Ucrania y la verdadera magnitud de la crisis en curso. Mientras los acreedores internacionales sopesan sus opciones, la realidad en el terreno pinta un cuadro de desolación económica que difícilmente podrá sostenerse a largo plazo sin una reestructuración profunda, no solo de la deuda, sino de todo el sistema económico que aún permanece en pie.